Por Sin Reservas
La Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa (MIDE) llamó a las empresas que brindan servicio de seguridad privada a la población a regularizar su estatus, pues de lo contrario podrían perder sus licencias.
En un encuentro celebrado en la institución y en el que participaron 40 empresas que ofrecen seguridad privada en diversas zonas del país, el superintendente de Seguridad Privada, general de brigada del Ejército de la República Dominicana (ERD) Amílcar Fernández Tejada, advirtió que este era el último llamado de obediencia a quienes no han obtemperado antes de proceder a su clausura.
Fernández Tejada reveló que en los próximos días contra 33 empresas se adoptaran medidas cautelares por faltas graves a los lineamientos y a los ejes fundamentales de la Superintendencia de Seguridad Privada.
“Agotaremos todas las vías del proceso administrativo, pero en caso de estas empresas no corresponder al llamado de la Superintendencia, solicitaremos la cancelación de las licencias de las mismas”, manifestó el funcionario a representantes de las firmas de seguridad privada que participaron en el encuentro.
Fernández Tejada citó a las empresas GPS Dominicana, Seguridad Profesional Ly R, Protection Mundial Dominicana P& G, Seguridad Blas Gómez, Seguridad Preventiva Protección Garantizada, Soluciones de Seguridad Privada, Agencia de Detectives Privados y Seg. Gutiérrez, y Vigilancia y Seguridad Rodríguez.
Además, Alonzo Mata Security, Servicio Empresarial de Seguridad, Vigilantes Pan American, Servicios de Seguridad del Cibao, Policía Técnica Privada de Seguridad Industrial, Guardianes Luperón, Servicios Investigación y Seguridad, y Servicios Vigilantes Técnicos.
También, Servicios de Vigilancia Guarocuya, Central de Guardianes Los Angeles, Seguridad Ambiental, H.W.A. International, Security Service, Seguridad Lucial y el Centro de Investigación, Protección, Planeamiento y Seguridad VIP.
Recordó que en lo que lleva al frente de la Superintendencia de Seguridad Privada, se han intervenido cinco entidades comerciales de seguridad privada, de las cuales dos se clausuraron.
Indicó que la última empresa cerrada fue Black Wolf Security, a la que se le canceló la licencia de operación por violar las reglas que rigen esta actividad.
Explicó que cuando las empresas son intervenidas se le otorga un plazo de 90 días y que si no cumplen los reglas que rigen el servicio de seguridad privada, se procede a su cierre.
Dijo que una de las metas de la institución que dirige es lograr que todas las empresas que ofrecen seguridad privada en el país estén enmarcadas dentro de las reglamentaciones legales y los lineamientos de la Superintendencia de Seguridad Privada.
Fernández Tejada informó que la Superintendencia de Seguridad Privada someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley, que luego de su aprobación, contribuya a optimizar el servicio que brinda la institución y que la conviertan en un complemento a la seguridad pública.
